Artículo de Silvia Carrizo

La Comisión Jurídica de la Mujer de la ONU ( CSW) en su reunión anual reafirmó -una vez más- la vigencia de la Plataforma de Acción de Beijing, como instrumento imprescindible para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible recogidos en la Agenda 2030. Pasaron 23 años de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, que vino – al borde del fin del Siglo XX – a reconocer los derechos fundamentales y a proponer acciones específicas para 12 ámbitos que hoy siguen siendo relevantes para erradicar la violencia contra las mujeres y niñas, la igualdad, las oportunidades, el empoderamiento, y participación en todos los ámbitos de la vida social y políticas de los países.

La Comisión en su última sesión reafirmó que la Declaración Beijing y Plataforma de Acción y los documentos finales de sus exámenes, y de los resultados de las conferencias y cumbres de las Naciones Unidas, se ha sentado una sólida base para el desarrollo sostenible, y que la instauración plena, efectiva y acelerada de la Declaración Beijing y Plataforma de Acción contribuirán de manera crucial a la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y al logro de la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas, incluyendo aquellas que viven en áreas rurales

La CSW destacó también la relación mutuamente fortalecedora entre lograr la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas, tal como se concibió en Beijing y es ese el espíritu que se traslado a los objetivos de la la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, reafirmando que la igualdad de género y el empoderamiento de mujeres y niñas rurales y la participación plena y equitativa de las mujeres en la economía son esenciales para lograr el desarrollo sostenible, promover sociedades pacíficas, justas e inclusivas, mejorar el crecimiento económico y la productividad sostenibles, inclusivos y sostenibles, poner fin a la pobreza en todas sus formas y dimensiones en todas partes y garantizar el bienestar de todos.

Con respecto a garantizar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos de conformidad con el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo y la Plataforma de Acción de Beijing, CSW reiteró que los derechos humanos de las mujeres incluyen su derecho a controlar y decidir libre y responsablemente sobre todos los asuntos relacionados con su sexualidad, incluida la salud sexual y reproductiva, libre de coacción, discriminación y violencia, como contribución al logro de la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer y la realización de sus derechos humanos, pero sin duda sigue siendo la materia pendiente en las agendas internacionales. El acceso universal a la salud sexual y reproductiva, de la salud reproductiva en estrategias y programas nacionales, no alcanza a desarrollarse en los países e incluso existe un retroceso en matera de derechos sexuales y derechos reproductivos en los cinco continentes.

Otros dos aspectos merecen ser apuntados como referencia para el seguimiento de la Agenda 2030 en materia de derechos humanos de las mujeres e igualdad, por un lado el reclamo a los Estados para tomar medidas para medir el valor de la atención no remunerada y el trabajo doméstico a fin de determinar su contribución a la economía nacional, por ejemplo mediante encuestas periódicas de uso del tiempo, e incluir tales mediciones en las estadísticas y en la formulación de políticas económicas y políticas sociales y la otra es exigir que se implementen estrategias integrales contra la trata que integren una perspectiva de derechos humanos y desarrollo sostenible, y hagan cumplir, según corresponda, marcos legales, de una manera sensible al género y la edad, para combatir y eliminar todas las formas de trata de personas.

En la situación actual es prioritario sensibilizar al público sobre la trata de mujeres y niñas, y que se adopten medidas para reducir la vulnerabilidad de las mujeres y las niñas a la esclavitud y a la explotación sexual. Los Estados deben proporcionar acceso a la asistencia de protección y reintegración a las víctimas de la trata personas y mejorar la cooperación internacional, para contrarrestar, y eliminar, la demanda que fomenta todas las formas de explotación sexual y el trabajo forzoso, fortaleciendo los marcos normativos, legales y políticos